VOTO POLITICO CONGRESO CUT 2008

VOTO POLÍTICO-SINDICAL
Los dirigentes sindicales de la salud que suscriben, proponen solemnemente al 8vo. Congreso Nacional de la Central Unitaria de Trabajadores, C.U.T., aprobar el siguiente voto político sindical:

CONSIDERANDO:

I.- Que la salud es un derecho consagrado en el Artículo Nº 25 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos de las Naciones Unidas que señala: "1.- Toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure, así como a su familia, la salud y el bienestar, y en especial la alimentación, el vestido, la vivienda, la asistencia médica y los servicios sociales necesarios; tiene así mismo derecho a los seguros en caso de desempleo, enfermedad, invalidez, viudez, vejez u otros casos de pérdida de sus medios de subsistencia por circunstancias independientes de su voluntad. 2.- La maternidad y la infancia tienen derecho a cuidados y asistencias especiales. Todos los niños nacidos de matrimonio o fuera de matrimonio, tienen derecho a igual protección social";

II.- Que estos conceptos fueron ratificados por la definición de la O.M.S. que dice que: "Salud es un estado completo de bienestar físico, mental y social y no solamente la ausencia de enfermedad o incapacidad". A esta definición los expertos en salud pública le reconocen varios méritos: haber convertido un concepto negativo en uno positivo, introduciendo la idea que "la salud es vida", que es la capacidad de cada persona de expresarse en cualquier circunstancia, desarrollando en el medio en que vive todas sus capacidades creativas. Porque destaca el principio de la multicausalidad de la enfermedad, superando la concepción puramente individualista, sino que la salud es la resultante específica del modo de articulación entre la persona y su medio material y social, porque la salud de cada persona está determinada por la salud de la colectividad a la que pertenece y por haber difundido los conceptos de medicina integral, de medicina psicosomática y del equipo de salud;

III.- Que en la Conferencia Mundial sobre Atención Primaria de Salud, organizada por la O.M.S. y la UNICEF, el estado chileno suscribió la Declaración de Alma Ata, que dice: "1.- Se reitera la condición de derecho humano fundamental de la salud de las personas y que el logro del grado más alto posible de salud es un objetivo social sumamente importante en todo el mundo. 2.- Denuncia que la grave desigualdad existente en el estado de salud de la población entre países pobres y ricos, así como dentro de cada país por igual razón, es política, social y económicamente inaceptable. 3.- La promoción y protección de la salud del pueblo es indispensable para un desarrollo económico y social sostenido y contribuye a mejorar la calidad de vida y alcanzar la paz mundial. 4.- El pueblo tiene el derecho y el deber de participar individual y colectivamente en la planificación y aplicación de su atención de salud. 5.- Los gobiernos tienen la obligación de cuidar la salud de sus pueblos, adoptando las medidas sanitarias adecuadas y para el logro de tal objetivo se definió que cada país destinara el 5% del Producto Interno Bruto, P.I.B.";

IV.- Que no se puede comprender cabalmente el concepto de salud y derecho a la salud sin tener presente el concepto de equidad en salud. Esta no puede ser entendida como la mera igualdad de oportunidades para el acceso a la atención preventiva o curativa. El logro de la equidad implica considerar el proceso de determinación social y biopsicológica del estado de salud. La equidad en salud la entendemos como: Igualdad en las condiciones de salud de todos los grupos sociales, lo cual implica la búsqueda activa de la reducción de las desigualdades en los riesgos que los afectan e Igualdad de acceso a los servicios adecuados, preventivos, curativos, de rehabilitación y de promoción de la salud para todos los miembros de la sociedad, lo cual equivale al derecho irrestricto de cada quien a recibir y a hacer uso oportuno del tipo de prestación que necesita, según su estado de salud y los factores de riesgo a que está expuesto;

V.- Que la llamada Reforma a la Salud, impuesta por el gobierno de Ricardo Lagos y aprobada por el Congreso Nacional con los votos de la Concertación y la Derecha, no ha resuelto los graves problemas que determinan la crisis del Sector Salud, sino que, por el contrario, ha profundizado sus causas, que tienen como eje conductor la ideología capitalista neoliberal que reduce el acto de sanar personas a una mercancía que se compra y se vende al mejor postor, convirtiendo al ser humano enfermo en un objeto de lucro, y el propósito privatizador del sistema de salud pública en que está empeñado el gobierno de Michelle Bachelet;

VI.- Que dicha reforma no reformó el sistema de financiamiento del Sector Salud, por el contrario, ahondó más la brecha entre la salud de pobres y ricos. Que se aumentó la desproporción inmoral que hoy existe en la utilización de los recursos económicos que el país destina al gasto en salud, donde el 40% más acomodado de la población, hace uso del 60% de las platas, mientras que el 60% de la población de menores ingresos debe conformarse con el 40% del dinero restante. Que mantuvo todo el peso del financiamiento en el 7% que cotizamos los trabajadores y liberó a los empleadores de cotizar para la salud de sus trabajadores como había sido históricamente;

VII.- Que el publicitado Plan AUGE está muy lejos de resolver la falta de acceso, de oportunidad y de calidad de las pocas prestaciones de salud incluidas en la canasta que hoy entrega a la población. Incluso una comisión del Congreso Nacional investiga las numerosas denuncias de incumplimientos de dicho plan, en que incurren los hospitales públicos por la falta de recursos económicos, medios tecnológicos y de personal capacitado para realizarlas. Paralelamente, aumentan dramáticamente las listas de espera de las demás prestaciones que no están "garantizadas" por el AUGE, con lo cual en la práctica no se respeta el derecho del pueblo a una salud digna;

VIII.- Que aún falta aplicar diversas medidas contenidas en las leyes de la Reforma, que tienen relación con cambios estructurales en la organización del sistema, como es el concepto de hospitales autogestionados en red y hospitales concesionados y otras transformaciones no menores, que afectarán incluso la calidad contractual de los trabajadores de la Salud, porque el modelo neoliberal imperante aspira a terminar con la estabilidad en el empleo que hoy tienen los funcionarios públicos y precarizar al máximo las condiciones laborales por la vía de la externalización de las prestaciones a los privados. Que dichas leyes tienen como principal propósito consumar totalmente el proceso de privatización del sistema público que empezó en la dictadura militar y

IX.- Que en este panorama, las y los trabajadores de la Salud hemos debido sufrir las nefastas consecuencias de la aplicación de las políticas de salud de los gobiernos de la Concertación, que se traducen en sobre explotación, provocada -entre otros aspectos- por la insostenible falta de personal y los excesivos turnos que deben realizar los funcionarios para obtener mínimos aumentos en sus ingresos. Esta sobre explotación se evidencia también en la vergonzante situación económica, con ingresos por debajo del llamado sueldo ético propuesto por el obispo Alejandro Goic, en que se encuentran dos tercios de los trabajadores de la Salud;

X.- Que la Reforma de la Salud no cambió la asimetría existente entre los subsectores público y privado en cuanto a la disponibilidad de recursos científico-tecnológicos de última generación. Lo que se traduce en una hegemonía de las empresas privadas de la enfermedad en los avances de la ciencia médica, los que están disponibles para dar atención a un reducido sector de la población de altos ingresos, aumentando la inequidad en la calidad de las prestaciones; al tiempo que provoca una diferencia entre la productividad de las prestaciones que entregan ambos subsectores de salud;

XII.- Que la Reforma tampoco resolvió la brecha en la disponibilidad de horas médicas y de otros profesionales de la salud entre los subsistemas público y el privado de salud. Esta diferencia supera el 65% en favor del subsector privado que atiende a una población cercana a los tres millones de mejores ingresos, mientras que sólo el 35% de este recurso está disponible en los hospitales y consultorios públicos de salud, que atienden a doce millones de chilenos de menores ingresos. Esta grave situación tiene su origen -entre otros- en las insuficientes remuneraciones que paga el sector público a los profesionales de la salud;


EN CONSECUENCIA, PROPONEMOS:

1.- Implantar la gratuidad de las prestaciones que otorga el sector público.

2.- Restablecer la cotización patronal para el seguro estatal de salud, como medio de incrementar los recursos sectoriales y de aliviar la carga impositiva que afecta hoy a los trabajadores.

3.- Incrementar el aporte estatal al sector, por la vía de la reasignación de recursos destinados al gasto militar, establecer una nueva reforma tributaria que garantice realmente el pago de impuestos a las grandes empresas y luchar por la renacionalización del cobre.

4.- Disminuir el porcentaje de cotización de los trabajadores, elevando en primer lugar el límite inferior del tramo salarial desde el cual se aplica alguna tasa de cotización. A la vez, es indispensable eliminar la cotización de los pensionados.

5.- Crear un Fondo Nacional Previsional de Salud, de gestión pública autónoma y operación descentralizada regionalmente, de carácter universal y solidario y conformado por los aportes de los trabajadores, de los empresarios y del Estado, para que se cumpla el precepto ético: los que tienen más que aporten más.

6.- Eliminar la barrera económica al acceso a los servicios básicos de salud, establecida en la clasificación de la ley 18.469, que estratifica a la población por su capacidad de pago, propendiendo a la equidad.

7.- Establecer un Sistema Nacional de Servicios de Salud Pública que tenga como propósito mejorar las condiciones de salud de la totalidad de la población, sin discriminación distinta de aquélla derivada de las particulares necesidades de salud de cada quien. Y entre sus objetivos debe incluirse la implantación de un Programa Nacional de Salud que determine el conjunto de prestaciones promocionales, preventivas, curativas y de rehabilitación de las que dispondrá cada habitante del país y que ponga fin a las inhumanas discriminaciones que provoca el Plan AUGE.

8.- Lograr el acceso igualitario de toda la población a los servicios preventivos, curativos y de rehabilitación, lo implica la democratización del gasto en salud, concentrando la mayor parte del mismo en el sistema público, que atiende a la mayor parte de la población y una distribución regional equitativa de los recursos.

9.- Crear un sistema de prestaciones integral y del nivel científico-tecnológico que ha alcanzado la humanidad hoy en día, para toda la población. Esto implica no sólo generar y aplicar rigurosamente normas técnicas en la producción de los servicios de todos y cada uno de los órganos prestadores públicos y privados, sino sobre todo garantizar la equidad en la dotación de recursos de unos y otros, poniendo en práctica un Programa Nacional Centralizado de Compra de Equipos e Instrumental de tecnología médica avanzada para los hospitales y consultorios de la red pública de salud.

10.- Elevar la calidad humana de los servicios proporcionados a las personas. Este principio sólo puede ser cumplido bajo condiciones de trabajo idóneas, incluidas las remuneraciones, la capacitación permanente y la promulgación de un Estatuto del Trabajador de la Salud Pública, que garantice su calidad de personal titular de la planta del MINSAL del Sistema Nacional de Servicios de Salud y asegure una real y efectiva Carrera Funcionaria que dignifique la función del Equipo de Salud en el ejercicio del verdadero derecho a la salud de la población.

11.- Maximizar la eficacia económica, con base en la racionalidad y en la eficiencia de estructuras y funciones y en el grado de participación de los distintos actores sociales en la gestión del sistema. Poniendo en práctica una descentralización efectiva de la gestión, otorgando autonomía relativa en la decisión de adquirir bienes de consumo, de invertir y de contratar personal a las instancias directivas regionales del sector público. Y democratizando la gestión sectorial, lo cual implica la creación de mecanismos de participación social adecuados y la capacitación de los directivos en técnicas de gestión democráticas.


Porque la salud es un derecho y no una mercancía, llamamos a todas y todos los delegados al 8vo. Congreso Nacional de la C.U.T. a suscribir este documento,